La UE cierra el pacto migratorio tras años de negociaciones y con un endurecimiento de los requisitos de acogida | Internacional

La Unión Europea ha conseguido, tras años de intensas negociaciones, cerrar el pacto migratorio, uno de los proyectos que mayores tensiones generó en el bloque comunitario tras el pico de llegadas a la UE registrado en 2015. Se trata de un paquete de normas que perfilan una nueva arquitectura para gestionar las llegadas de inmigrantes. Este miércoles, tras días de duras negociaciones bilaterales entre el Consejo de la UE -bajo el liderazgo de España, que asumirá la presidencia hasta el 31 de diciembre- y el Parlamento Europeo con la asistencia de la Comisión Europea, los líderes políticos de la UE emitieron un nuevo Texto normativo que endurece los requisitos de acogida de los solicitantes de asilo y establece que una parte de los solicitantes de dicha protección que acaban en la UE sean empleados de todos los países de la UE.

Francia, que en los últimos días había planteado algunas reservas sobre algunos puntos generales del pacto, acabó dejando de lado sus reservas sobre una cuestión, la gestión de los flujos migratorios, que está provocando graves problemas políticos internos y que sin duda tendrá un tema importante. de las elecciones europeas del 6 de junio, en las que las encuestas muestran un aumento de las fuerzas de extrema derecha en toda la UE.

El nuevo pacto, que regula todos los pasos de la cadena, desde la llegada del solicitante de asilo a la UE hasta su acogida o rechazo, y que pretende sustituir y endurecer la legislación actual, llevaba años en suspenso. La Comisión Europea presentó su propuesta reglamentaria en 2020. Pero recién en junio el Consejo de la UE logró definir una posición común sobre una de las cuestiones más controvertidas, las cuotas obligatorias de solicitantes de asilo que se distribuirán entre todos los socios y que se regula en dos regulaciones. En octubre, los Veintisiete cerraron su posición sobre la quinta y última de las normas -la relativa a situaciones de crisis y explotación- para dar paso a negociaciones entre los dos colegisladores de la UE para establecer un texto legal definitivo.

El Pacto sobre Migraciones se compone de cinco normas: el control y tratamiento de los datos de los migrantes, el control de las fronteras exteriores, la protección judicial y los recursos necesarios, la administración de crisis y la gestión y asistencia a los solicitantes de asilo. Esto último es capital porque en la legislación actual corresponde a los países en los que el migrante entra por primera vez en la UE, lo que sitúa a la cabeza a países como España, Italia o Grecia.

Este reglamento establece el concepto de «solidaridad obligatoria pero flexible» y prevé cuotas de redistribución para los solicitantes de asilo o el pago de 20.000 euros por persona a la cesta común en caso de que un Estado se niegue a cubrir su parte. Los socios también pueden aportar medios materiales o asumir la gestión de personas que ya se encuentren en su territorio aunque hayan entrado por otro lugar y su gestión correspondiera a otro; una de las reivindicaciones de países como Alemania u Países Bajos, que suelen ser el destino de una parte importante de los solicitantes de asilo que se desplazan por la UE en los llamados “movimientos secundarios” que marcan el pacto.

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