jueves, febrero 22

La deuda del sistema eléctrico español acelera su caída y apunta a llegar a cero en 2028 | Economía

Torres de alta tensión junto a la subestación eléctrica de Ortuella (Bizkaia), en noviembre de 2022.Miguel Toña (EFE)

El sistema eléctrico español eliminará toda su deuda en menos de cinco años: en 2028. Así es al menos la predicción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), actual regulador del sector hasta que el Gobierno haya recuperado la deuda. Comisión Nacional de Energía (CNE). En 2023, los pasivos acumulados aceleraron su caída interanual hasta el 21,5% (frente al 17,8% en 2022) y cayeron por debajo de los 10.000 millones de euros por primera vez en 15 años, según los datos publicados este jueves.

La deuda del sistema eléctrico español cerró el 31 de diciembre en 7.866 millones, la cifra más baja desde 2008 -año de la crisis financiera- y un tercio del máximo de 2013, cuando rozó los 30.000 millones. La mayor parte de esta deuda corresponde al déficit acumulado entre 2000 y 2013, cuando los ingresos eran insuficientes para cubrir los costos. Desde entonces la tendencia se ha invertido: desde 2014 todos los años excepto uno (2019) han cerrado con superávit.

Debate abierto

«Los datos confirman el enorme superávit del año pasado y que estamos a muy pocos años de eliminar toda la deuda», afirmó. Alessandro Labanda, directora de Transición Ecológica de la consultora beBartlet. Las cifras, dice, responden a un «control de ingresos y gastos, que no siempre se ha producido» e invitan a pensar que «quizás sea el momento de repensar la necesidad de figuras fiscales como el impuesto a la producción del 7%, que» Está encareciendo la electricidad en un momento en el que necesitamos aumentar su consumo a expensas de los combustibles fósiles”.

El sistema eléctrico español cuenta básicamente con tres fuentes de financiación: los cargos que pagan los consumidores en sus facturas, los ingresos de las subastas de dióxido de carbono (CO₂) y el impuesto a la producción eléctrica, reducido a cero desde finales de 2022 para paliar la crisis eléctrica. precios y que volvió a entrar en vigor progresivamente a partir del 1 de enero: hasta finales de marzo se sitúa en el 3,5%, frente al 7% habitual. Esta menor recaudación se cubrió con transferencias de los Presupuestos Generales del Estado.

Las tarifas, según Labanda, “deberían empezar a disminuir en los próximos años: los ingresos de las subastas de CO₂ no disminuirán, y esto dará al sistema un gran margen”. La reducción de tarifas e impuestos a la producción, una vez abandonado el teléfono, cobra especial relevancia en un momento como el actual, en el que el necesario refuerzo de la red de transporte y distribución de electricidad «requerirá un aumento de los peajes», también se imponen en la factura de la luz. «Si queremos acelerar la electrificación, se necesitan señales de precios». El debate fue útil.

Casi 2.400 millones por devolver este año

Este año, en el que Competencia estima una rentabilidad de 2.371 millones de euros (ligeramente inferior a la de 2023), el coste medio de financiación aumentará aproximadamente 40 puntos básicos, hasta el 2,44%. Una cifra, además, más que razonable dado el actual contexto de tipos de interés, pero que irá creciendo en los próximos años: en 2026 superará el 6% y en 2027, con el capital a devolver muy por debajo de los 1.000 millones, alcanzará el 7 % . .

La mayor parte del pasivo (83,5%) está en manos de quienes compraron los bonos emitidos por el Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE), creado en 2010 y garantizado por el Estado. El resto está en manos de bancos (12,7%), ASNEF (2,4%) y, marginalmente (1,4%), vehículos de titulización extranjeros.

El reembolso de la deuda asumida por el sistema -prácticamente todos los consumidores de electricidad: familias y empresas- no es el único destino de los excedentes que se recaudan incluso año tras año: la ley prevé que parte de este dinero se destine al pago de las primas a las antiguas renovables (que, a diferencia de las actuales, necesitaban la muleta pública para salir adelante) o pagar a las eléctricas lo que pagaron para cubrir el bono social, tras varias sentencias de anulación del Tribunal de Casación.

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