En los seis primeros meses del año, el número de afiliaciones a la Seguridad Social española alcanzó las 521.891 personas, lo que supone un incremento del 9,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata de un récord histórico, pues esta serie comenzó a grabarse en 2013. Sin embargo, este incremento se debe a las preocupaciones y quejas de empresarios y sindicatos, que están a la espera de ser conocidas por la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La Comisión Europea de Derechos Sociales publicó recientemente una declaración en la que afirma que los actuales planes de indemnización por despido, que ofrecen hasta 24 meses de salario tras el despido, no cumplen con la Carta Social Europea. Esta situación es problemática porque no proporciona una compensación adecuada a los trabajadores y no disuade adecuadamente a las empresas de realizar despidos improcedentes.
El PSOE y Sumar han acordado revisar la regulación de despidos para alinearla con la legislación europea. Sin embargo, esta medida ha creado divisiones entre los ministros, ya que significa reconocer las críticas del CESE. Recomendamos eliminar el límite de 24 meses de compensación e introducir una compensación adicional adecuada a las circunstancias del empleado en cuestión.
Los sindicatos, especialmente la UGT, han llevado esta cuestión a Europa, argumentando que las reformas laborales han provocado un aumento significativo de las bajas laborales injustificadas. En el primer semestre de 2021, los despidos aumentaron un 97%, lo que indica que muchas empresas están utilizando estrategias para evitar pagar una compensación justa, dejando a los trabajadores desprotegidos.
Aunque algunos trabajadores se ven obligados a afrontar procedimientos disciplinarios sin derecho a indemnización, muchos de estos casos llegan a procedimientos de conciliación o judiciales. Esto significa una bonificación de compensación de 33 días, lo que resulta costoso para las empresas. De hecho, muchas personas prefieren justificar su despido con razones objetivas y más fáciles de argumentar en la práctica.
Las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social respaldan esta tendencia: el 54,9% de las bajas son de carácter disciplinario individual, mientras que sólo el 41,85% puede atribuirse a motivos objetivos, como económicos o técnicos. Es importante señalar que estas cifras se basan en la justificación presentada en el momento del despido, no en revisiones posteriores.
A pesar de la aparente mejora en el número de afiliados, los despidos y las cifras de costes también muestran un aumento de las bajas por enfermedad. Este escenario se acentuó después de la reforma laboral, que provocó un aumento de los despidos, especialmente entre los trabajadores recién contratados o de menor antigüedad.
El debate sobre la regulación de la rescisión sigue abierto. Algunos miembros del Gobierno temen que la revisión del reglamento genere inseguridad jurídica durante las negociaciones. Discuten la posibilidad de mantener el límite actual, pero dando a los jueces más herramientas para otorgar mayores daños y perjuicios en casos de despido injustificado.
Tanto el PSOE como Sumar prefieren centrarse en los acuerdos que versan sobre la reducción de jornada, antes de entrar en un debate sobre las indemnizaciones por despido. La situación actual revela un panorama complejo que requiere un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la viabilidad económica de las empresas.
