Un mercado de carbono se define como un instrumento económico creado para asignar un valor al dióxido de carbono y a otros gases de efecto invernadero (GEI), con la finalidad de estimular la disminución de emisiones. En términos generales, convierte dichas emisiones en un recurso comercializable: permisos para emitir en esquemas regulados o créditos que avalan reducciones o capturas de carbono dentro de mercados voluntarios. La premisa resulta clara: al implicar un costo, empresas y gobiernos encuentran un estímulo financiero para apostar por la eficiencia, las energías renovables y la conservación o recuperación de los sumideros naturales.
Cómo funciona (mecanismos básicos)
- Sistema de tope y comercio: el regulador fija un tope total de emisiones y distribuye u subasta permisos (allowances). Las empresas que emiten menos venden permisos a las que emiten más. El tope va disminuyendo con el tiempo para reducir emisiones totales.
- Mecanismo de cuotas o límites con ajustes: variaciones según sector, con asignaciones gratuitas para evitar fuga de industrias intensivas en carbono.
- Sistemas de crédito (baseline-and-credit): un proyecto que reduce emisiones por debajo de una línea de base recibe créditos que pueden venderse; usados tanto en mercados voluntarios como, en ocasiones, en mercados regulados.
- Comercio internacional de resultados: previsto en el Acuerdo de París (Artículo 6), permite que los países compren resultados de mitigación en otros países, siempre que haya ajustes contables para evitar doble contabilización.
Clases de mercados
- Mercados de cumplimiento (regulados): creados por gobiernos para sectores específicos (energía, industria). Ejemplos: sistema europeo de comercio de emisiones, mercados estatales en Estados Unidos, y el sistema nacional de China.
- Mercado voluntario: empresas, organizaciones o individuos compran créditos voluntariamente para compensar emisiones o reclamar neutralidad; abarca proyectos forestales, eficiencia energética, tecnologías de captura y almacenamiento, entre otros.
Muestras e información significativa
El sistema europeo de comercio de emisiones (EU ETS) comenzó en 2005. Tras años de precios bajos, la reforma y restricciones en la oferta llevaron los precios a niveles mucho más altos en la década de 2020, superando en varios momentos los 80–100 euros por tonelada de CO2.
El mercado nacional de China se lanzó en 2021, inicialmente cubriendo el sector eléctrico; los precios iniciales fueron modestos (varios dólares por tonelada), y su influencia crecerá a medida que se amplíe su alcance.
Sistemas regionales como California o RGGI (noreste de Estados Unidos) aplican precios que, en general, han sido más bajos que el europeo, pero con diseños distintos en asignación y uso de ingresos.
Los mercados voluntarios han vivido una expansión acelerada: gestionan miles de millones de dólares y comercializan decenas de millones de créditos cada año, aunque el valor por crédito varía considerablemente, desde apenas unos dólares hasta varias decenas o incluso cientos, dependiendo de su calidad y categoría.
Las emisiones globales de CO2 procedentes de combustibles fósiles rondaban las decenas de gigatoneladas anuales (por ejemplo, alrededor de 36 GtCO2 en años previos a la pandemia), y los instrumentos de fijación de precio cubren una parte significativa pero no mayoritaria de esas emisiones.
Por qué genera polémica
- Integridad ambiental de los créditos: surgen dudas sobre si muchas reducciones acreditadas son reales y adicionales. Adicionalidad significa que la reducción no habría ocurrido sin la financiación del crédito; demostrar esto puede ser difícil. Proyectos cuestionables han generado créditos por reducciones que habrían ocurrido de todos modos.
- Permanencia: especialmente en proyectos forestales y de uso de la tierra, el carbono almacenado puede liberarse por incendios, plagas o cambios de uso, lo que pone en riesgo la durabilidad de la compensación.
- Fuga de emisiones: si actividades intensivas en emisiones se trasladan a jurisdicciones sin precios de carbono, las reducciones locales pueden no traducirse en reducciones globales.
- Doble contabilización: sin mecanismos contables sólidos entre países o actores, una misma reducción puede ser reclamada por comprador y vendedor, dificultando la integridad agregada de los compromisos climáticos.
- Desigualdades y derechos humanos: algunos proyectos, sobre todo en tierras comunitarias o territorios indígenas, han sido asociados a desalojos, restricciones de acceso a recursos o falta de consulta previa, generando conflictos sociales y éticos.
- Greenwashing corporativo: empresas anuncian metas de “neutralidad” apoyadas principalmente en compras de créditos en lugar de reducciones internas sustantivas, lo que puede retrasar transiciones reales hacia emisiones netas más bajas.
- Precios insuficientes y volatilidad: precios de carbono demasiado bajos no incentivan descarbonización profunda; por el contrario, niveles altos y volátiles pueden causar incertidumbre para inversión en tecnologías limpias.
- Diseño regulatorio y rentas inesperadas: asignaciones gratuitas o fallos de diseño han generado rentas significativas para algunos sectores sin reducir emisiones (por ejemplo, beneficios inesperados para empresas que reciben permisos y elevan precios al consumidor).
- Commodificación de la naturaleza: hay una crítica filosófica y ética sobre convertir bosques, suelos y prácticas tradicionales en mercancías vendibles, con riesgos para biodiversidad y modos de vida locales.
Ejemplos representativos
- El mecanismo de desarrollo limpio (MDL) vinculado al Protocolo de Kioto generó críticas por proyectos con créditos de dudosa adicionalidad; entre ellos, hubo escándalos relacionados con gases industriales donde se creó un exceso de créditos y colapsaron precios.
- Proyectos de reducción de emisiones en bosques (REDD+ y otros) han mostrado resultados mixtos: algunos han protegido grandes áreas y generado ingresos comunitarios, mientras que otros han sido señalados por no respetar derechos territoriales y por riesgos de reversión (pérdida del carbono por incendios o tala).
- En algunos mercados regulados, la asignación inicial de permisos gratuitos benefició a industrias intensivas en carbono y dejó a consumidores finales pagando costes indirectos, lo que provocó debates sobre equidad y diseño de políticas.
Acciones y soluciones orientadas a fortalecer la credibilidad
- Mejorar métricas y verificación: estándares más estrictos de medición, reporte y verificación (MRV) y mayor transparencia en metodologías.
- Reglas de adicionalidad y permanencia: criterios más exigentes y reservas que cubran riesgos de reversión en proyectos naturales.
- Ajustes contables entre países: para evitar doble contabilización en intercambios internacionales, conforme a lo acordado en el marco del Acuerdo de París.
- Enfoque en reducción interna: políticas que prioricen reducciones reales en la fuente y limiten el uso de créditos para cubrir objetivos climáticos básicos.
- Protección de derechos y participación: incluir salvaguardas para comunidades locales e indígenas, con consultas y beneficios equitativos.
- Estándares de integridad: iniciativas de mercado voluntario han propuesto principios y listas de créditos “de alta integridad” para orientar compras corporativas responsables.
Los mercados de carbono son herramientas poderosas que pueden ayudar a reducir emisiones de forma coste-eficiente, pero su eficacia depende del diseño institucional, la calidad técnica de los créditos y la gobernanza social que los rodea. Sin normas estrictas, transparencia y protección de derechos, corren el riesgo de convertirse en mecanismos que perpetúan emisiones, generan injusticias y retrasan las transformaciones necesarias. Al mismo tiempo, bien regulados y complementados con políticas públicas ambiciosas, pueden facilitar inversiones en energías limpias y en la conservación de paisajes, siempre que la prioridad sea la reducción real y permanente de gases de efecto invernadero y la justicia climática.
